Uno de los discursos más utilizados al momento de dar cuenta del actual conflicto social que atraviesa el país es la carretera bloqueada. La prensa hegemónica del Archiducado de Lima suele lamentarse de cómo las comunidades de la República Indómita del Sur ponen en estado de excepción el tránsito de las principales vías de comunicación de la (extinta) nación peruana. Barricadas de barro, ichu y piedras, así como llantas en estado de putrefacción son algunas de las materialidades que incomodan a diversos sectores del archiducado en tanto anulan la posibilidad del libre tránsito, uno de los derechos fundamentales que los gobiernos de turno parecen garantizar hasta que ellos mismos dictaminan sus propios estados de emergencia.  

La carretera es un artefacto que aún desempeña un rol protagónico en la memoria histórica de este país fracturado. Desde los primeros intentos de la élite gobernante del siglo XIX de romper la geografía feudal peruana (haciendas-comunidades) mediante vías de comunicación modernas, pasando por las políticas carreteras de Augusto B. Leguía (Ley de Conscripción Vial) y la pulsión colonizadora con olor a brea de Fernando Belaunde Terry, las carreteras han representado el camino hacia el progreso, la libertad de tránsito, el libre mercado, las arterias de un cuerpo nacional sangrante. Desde esta perspectiva, “bloquear” una carretera en medio de un conflicto social no solamente implica arruinar los planes de Año Nuevo de unos presurosos turistas limeños que se dirigen a Machu Picchu, es una afrenta contra el orden socioeconómico sobre el que está fundada esta porción de los Andes. Es más, podría decirse que el amontonamiento de piedras inaugura un nuevo sedimento en estos momentos de protesta y represión gubernamental, pone en jaque la propia idea de nación y reclama la pluralidad de pueblos y nacionalidades que siempre han conformado este país.

Los muros diseminados por las vías nacionales, especialmente en el Sur, hacen eco de esos otros límites del Estado (- nación) peruano que cada cierto tiempo se van actualizando ante las olas de descontento generalizado de las comunidades indígenas. Las barricadas de tierra producen nuevas cartografías donde la promesa de unidad nacional es puesta en jaque al imaginar nuevas espacialidades como la República del Sur. Es más, los bloqueos-aperturas establecen límites porosos al libre tránsito y el comercio (siempre se puede conversar en aymara con los manifestantes para permitir el pase), predicen cómo serían los confines de estos nuevos países emergentes. La voluntad de diálogo y negociación reemplazaría a la burocracia de migraciones.

Más allá de la narrativa del bloqueo de carreteras y su recuperación por las “fuerzas del orden”, es importante apuntar que estos actos no solamente minan derechos individuales que parecen ser llorados solamente cuando “el bloqueador” no es el aparato estatal, sino también abren múltiples posibilidades. La carretera no está bloqueada, está abierta a imaginar y construir un nuevo pacto social, uno en el que aquellas poblaciones desposeídas de sus derechos puedan habitar los espacios de toma de decisión que siempre les fueron negados. Los amontonamientos de piedra en las carreteras son también aglomeraciones de voces y deseos, pequeños pedazos de cielo que buscan justicia y reparación. Los cantos corales de ¡Fuera Dina Boluarte! y ¡Nueva Constitución! retumban en aquellos muros no estudiados por la arqueología tradicional, demandan un nuevo pachakuti y formas dignas de habitar este mundo en crisis.