Rara vez las y los arqueólogos se atrincheran para defender una causa. El gremio arqueológico peruano no se caracteriza por hacer política, su formación profesional se ha encargado de disociar el badilejo de las pancartas y las marchas. No obstante, ha sucedido todo lo contrario ante el reciente intento de eliminación del CIRAS (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos de Superficie) de la normativa nacional de patrimonio cultural (1). Bajo el lema “El patrimonio es de todos”, profesionales de la arqueología y disciplinas afines se congregaron frente al Ministerio de Cultura el pasado 20 de octubre. Esta cruzada nacional por el patrimonio, sin embargo, no ha sido desmenuzada del todo, aún estamos rascando la capa superficial del problema.

Sin ánimos de cancelar la demanda del gremio, es urgente analizar las múltiples facetas de los CIRAS, a qué intereses responden, qué terminan legitimando. Desmenuzar los CIRAS, en primer lugar, implica sospechar de la narrativa de la que son parte, la cual le otorga sentido y valor. En varias entrevistas en medios de comunicación de derecha, la defensa de los CIRAS ha girado alrededor de su papel en el sector empresarial. Estos certificados cuidan las inversiones porque su emisión genera mayor rentabilidad, evitando posibles multas por destruir el patrimonio en caso los proyectos se desarrollen en terrenos con evidencias arqueológicas. Es más, pueden predecir costos con anticipación al inicio de un proyecto minero, por ejemplo, facilitando las decisiones acerca de su ubicación. La defensa televisada de los CIRAS más parecía una mesa redonda de PERUMIN donde se ofrecían las bondades de la arqueología de contrato para el desarrollo del extractivismo. El patrimonio, en estos términos, constituye un activo estratégico en el ciclo de la inversión privada, un recurso más como el cobre o el gas para el gamonalista financiero que desea ver sus acciones por las nubes.

Del lado de la CONFIEP, el patrimonio arqueológico participa de las consecuencias del extractivismo neoliberal que vulnera los derechos de los pueblos indígenas y la conservación del medio ambiente. El caso de Camisea, traído a colación por una de las voceras pro-inversión, es un claro ejemplo de cómo la arqueología de contrato puede viabilizar procesos de muerte, al mismo tiempo que amarra el patrimonio al desarrollo de las industrias extractivas. En 2018, uno de los ductos de gas líquido de Camisea se rompió en el distrito de Megantoni (Cusco), contaminando ríos y afectando la salud de 27 indígenas matsigenkas (2). Esto no solamente representa un delito contra la salud pública sino también contra el derecho de los pueblos indígenas a disponer libremente de sus recursos naturales (campos de cultivo, peces), los cuales están contaminados por la presencia de metales pesados como el aluminio y el arsénico. Hasta la fecha suman 13 derrames de gas natural en diferentes territorios comunales de los departamentos de Cusco, Ayacucho y Huancavelica (3). 

Se intenta comunicar, con cierta desesperación, que el patrimonio no es un obstáculo para el desarrollo del (necro)modelo extractivista. Todo lo contrario, es una oportunidad de mejora para las inversiones, pero a costa del medio ambiente y los pueblos indígenas. Por su parte, el Estado peruano ve con sospecha los CIRAS, del mismo modo que la consulta previa, en tanto constituyen trabas burocráticas para el avance descontrolado de la economía neoliberal. El deseo de destrabar es aún más húmedo en este momento de recesión económica, excusa perfecta para simplificar cualquier procedimiento que incomode al gremio roquebenavidista. En ambos casos, el patrimonio participa de las dinámicas globales del extractivismo, sea como facilitador o ralentizador. Su materialidad es presupuestada como obstáculo para la carretera o como ahorro de costos. Mientras su vínculo ancestral con las comunidades es muteado en los sets de televisión para amplificar su papel en la megaminería depredadora. En estos términos, ¿A qué le estamos dando legitimidad cuándo nos pronunciamos a favor de los CIRAS? ¿Qué tipo de proyectos e impactos sociales estamos avalando? ¿La consigna "el patrimonio es de todos" acaso está socavando nuestra capacidad crítica?

(1) Los CIRAS son emitidos por el Ministerio de Cultura a solicitud de parte, y certifican que en un área determinada no existen evidencias arqueológicas en superficie. Procedimentalmente, son emitidos luego que un inspector o inspectora de esta institución verifica en campo la inexistencia de patrimonio arqueológico.

(2) Recuperado de: https://es.mongabay.com/2018/02/peru-derrame-gas-natural-pueblos-indigenas/

(3) Recuperado de: https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/22145/JACINTO_CALDERON_CRISTHIAN_DISE%c3%91O_SISTEMA_CIBER.pdf?sequence=1&isAllowed=y